Incorporan en el Codigo Penal del Distrito Federal el delito de «pederastia»

Períodico Reforma

Incorporan pederastia en Código Penal

El dictamen contempla a todos los menores de 18 años de edad

Ernesto Osorio

Ciudad de México (29 noviembre 2010).- Las Comisiones de Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa aprobaron reformar el Código Penal para incorporar el delito de pederastia, el cual enmarca no sólo la injerencia jerárquica sobre un menor, sino el abuso de confianza y de poder sobre la voluntad de la víctima.

 «La pena impuesta, será de 6 a 15 años de prisión y de 750 a 1500 días multa», señala el dictamen.

Esta iniciativa contempla a todas las víctimas menores de 18 años.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el perredista Julio César Moreno, el dictamen para reformar el Código Penal y sancionar con mayor severidad el delito de pederastia tiene dedicatoria a los ministros de culto.

«Está dirigido en particular a los ministros de culto, a los curas que amparados en que ‘son mis monaguillos, o son de mis coros, o son mis alumnos’, siempre abusan; la reforma es para sancionar con mas severidad el delito en el Código Penal», expresó Moreno.

 Además, se aprobó la reforma a la fracción XIX al artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica para sancionar con arresto inconmutable de 20 a 36 horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen o aspiren estupefacientes, sicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación amplio los derechos de las víctimas

Reforma

24 Noviembre 2010

Víctor Fuentes

Amplían derechos de víctimas de delitos

Las víctimas podrán aportar pruebas contra el acusado  

Ciudad de México  (24 noviembre 2010).-   La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, por primera vez, que las víctimas de un delito tienen derecho a apelar las decisiones del juez durante el proceso penal para que se les permita aportar pruebas contra el acusado.

La Primera Sala de la Corte amparó hoy a una víctima de secuestro que, como coadyuvante del Ministerio Público, ofreció como prueba su testimonio, mismo que fue rechazado por el juez respectivo porque el ofrecimiento se hizo fuera del plazo legal.

Cuando la víctima apeló esta decisión, su recurso fue desechado el 30 de octubre de 2009 por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con base en el artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es categórico al limitar los derechos del ofendido en materia de apelaciones.

«La apelación (del ofendido o sus representantes) se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla», dice el código.

Pero la Corte consideró hoy que los tribunales deben hacer una «interpretación extensiva» de este artículo, y admitir apelaciones en contra de cualquier decisión que afecte su derecho Constitucional a ofrecer pruebas en el proceso penal.

«Si la víctima tiene derecho a la reparación del daño, de acuerdo a la fracción cuarta del apartado B del artículo 20 Constitucional, debe poder impugnar cualquier decisión que afecte el presupuesto elemental del mismo, como lo es la responsabilidad penal del inculpado», afirmó la Corte al aprobar una sentencia del Ministro Arturo Zaldívar.

El artículo 20 de la Carta Magna señala que la víctima «tiene derecho a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso», así como a interponer recursos, pero en los términos previstos por el código respectivo.

La Corte agregó que la interpretación del Tercer Tribunal Unitario violentó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso completo e imparcial a la justicia, aunque el magistrado Jesús Guadalupe Luna se limitó a aplicar lo que el código dice textualmente cuando desechó la apelación.

La víctima impugnó el fallo de Luna ante el Cuarto Tribunal Unitario, donde la magistrada Graciela Santés Magaña negó el amparo en una sentencia del pasado 17 de febrero. Esa fue la resolución revisada hoy por los Ministros.

La Corte no llegó al extremo de declarar inconstitucional el artículo 365, como se planteó en la demanda de amparo, pues en la práctica eso hubiera resultado en que no se aplicara a la quejosa, con el riesgo de dejarla impedida para presentar cualquier apelación.

La víctima de secuestro que se ofreció a declarar contra Oscar Ramírez, el acusado en este caso, fue ejecutiva de alto rango de una empresa transnacional de telecomunicaciones.

Cámara de Diputados. Foro sobre Trata de Personas

La Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Intersecretarial para la Lucha contra la Trata de Personas y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) me invitaron a participar como Director General de FUNDACION DE LA MANO CON LA JUSTICIA, A.C. en el Foro denominado «Legislación penal mexicana en materia de trata de personas», realizado en las instalaciones de la Cámara de Diputados, los días 11 y 12 de agosto del año en curso, en donde dicté una ponencia sobre los «Aspectos Relevantes sobre el Delito de Trata de Personas en Menores de Edad en México».

En la mesa de trabajo estuve acompañado de la Lic. Mayra Rojas Rosas de Infancia Común, A.C., Lic. Patricia Prado Hernández de Fundación Camino a Casa, Lic. Mónica Salazar del Colectivo Contra la Trata de Personas así como de  la Dip. Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados.

La mesa fue moderada por la Lic. Helene Le Goff de la Unidad para Trata de Personas, Género y Niñez – OIM México, quien resalto los puntos mas importantes de las ponencias de cada uno de los expositores.

Por nuestra parte, insistimos que no obstante el principio rector del «interés superior de la infancia», nuestras leyes penales no proporcionan la adecuada protección a los menores de edad que son víctimas de  delitos contra su normal desarrollo psicosexual y de trata de personas, por lo que es urgente que los legisladores se pongan a trabajar en el desarrollo de leyes verdaderamente protectoras de nuestra niñez.

Lic. José Bonilla Sada

Derechos de las víctimas u ofendidos de un delito del fuero común ante la Procuraduría General de Justicia del D.F.

El Acuerdo número A/003/99 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establece que toda persona que acuda a una agencia investigadora a presentar denuncia o querella y, asimismo, las víctimas o los ofendidos por algún delito del fuero común tienen derecho:

 

I.- A que el Ministerio Público y sus Auxiliares les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la máxima diligencia;

 

II.- A que los servidores públicos de la Procuraduría los traten con la atención y respeto debido a su dignidad humana absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad;

 

III.- A que ningún servidor público por sí o por interpósita persona les solicite, acepte o reciba beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función;

 

IV.- A presentar cualquier denuncia o querella por hechos probablemente constitutivos de delito y a que el Ministerio Público la reciba en cualquiera de sus agencias investigadoras, salvo las especializadas en delitos por accidentes de tránsito de vehículos;

 

V.- A que se les procure justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto a su denuncia o querella practicando todas las diligencias necesarias para poder determinar la averiguación previa;

 

VI.- A recibir asesoría jurídica por parte del Ministerio Público respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, recibir servicio de intérpretes traductores;

 

VII.-  A ratificar en el acto la denuncia o querella siempre y cuando exhiban identificación oficial u ofrezcan los testigos de identidad idóneos para acreditar su identidad;

 

VIII.- A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable;

 

IX.- A recibir en forma gratuita copia simple de su denuncia o querella ratificada debidamente y copia certificada de acuerdo con lo previsto en el Código Financiero aplicable;

 

X.- A coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación y en el desarrollo del proceso;

 

XI.- A comparecer ante el Ministerio Público para poner a su disposición todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito, la responsabilidad del indiciado y el monto del daño y de su reparación y a que el Ministerio Público integre dichos datos a la averiguación;

 

XII.- A tener acceso al expediente para informarse sobre el estado y avance de la averiguación previa;

 

XIII.- A que se le preste la atención médica de urgencia cuando la necesite;

 

XIV.- A que se realicen el reconocimiento o diligencias de confrontación en un lugar en el que no puedan ser vistos o identificados por el probable responsable;

 

XV.- A que el Ministerio Público solicite debidamente la reparación del daño cuando éste proceda;

 

XVI.- A recibir auxilio psicológico en los casos necesarios, por una persona de su mismo sexo en caso de delitos sexuales;

 

XVII.- A ser restituidos en sus derechos cuando éstos estén acreditados;

 

XVIII.- A recibir el apoyo procedente de la Procuraduría, cuando se acredite la insolvencia económica, para obtener gratuitamente el servicio de funeraria;

 

XIX.- A impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal; y

 

XX.- A quejarse ante la Contraloría y a denunciar ante la Fiscalía para Servidores Públicos o ante cualquier agente del Ministerio Público por violaciones de los derechos anteriores para su investigación y responsabilización debidas.

«Interés Superior de la Infancia». Concepto

 

¿QUE SIGNIFICA EL PRINCIPIO DE “INTERES SUPERIOR DE LA INFANCIA”?

 

 El principio universalmente aceptado de “INTERES SUPERIOR DE LA INFANCIA” o “INTERES SUPERIOR DEL NIÑO”, significa lo siguiente:

 

El numeral 1 del artículo 3º. de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la letra dice:

 

Artículo 3º.

 

1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

 

De acuerdo a la Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto de 2002, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que “la expresión <<interés superior del niño>> implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”¹

 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 4º. establece lo siguiente:

 

Artículo 4o.- De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

 

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El artículo 4º. de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, a a letra dice:

 

Artículo 4o.- Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes:

 

I. El Interés Superior de las niñas y niños. Este principio implica dar prioridad al bienestar de las niñas y niños ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio.

 

Este principio orientará la actuación de los Órganos Locales de Gobierno encargados de las acciones de defensa y representación jurídica, provisión, prevención, protección especial y participación de las niñas y niños, y deberá verse reflejado en las siguientes acciones:

 

a) En la asignación de recursos públicos para programas sociales relacionados con las niñas y niños;

 

b) En la atención a las niñas y niños en los servicios públicos; y

 

c) En la formulación y ejecución de políticas públicas relacionadas con las niñas y niños;

 

La Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación define el concepto “Interés Superior del Niño”, en los siguientes términos:

 

No. Registro: 172,003

Tesis aislada

Materia(s): Civil

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVI, Julio de 2007

Tesis: 1a. CXLI/2007

Página: 265

 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO.

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: «la expresión ‘interés superior del niño’ … implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño».

 

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

 

A mayor abundamiento, la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en Jurisprudencia definida, que cuando de manera directa o indirecta, este de por medio la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente, se debe aplicar siempre en beneficio de los menores la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad.

 

Lo anterior, se corrobora con la Tesis Jurisprudencial que a continuación se transcribe:

 

No. Registro: 175,053

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Mayo de 2006

Tesis: 1a./J. 191/2005

Página: 167

 

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.

La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.

 

Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto.

 

Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil cinco.

 

Siguiendo el principio señalado anteriormente, el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente:

 

No. Registro: 169,457

Tesis aislada

Materia(s): Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Junio de 2008

Tesis: P. XLV/2008

Página: 712

 

MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.

De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios.

 

Acción de inconstitucionalidad 11/2005. Procurador General de la República. 8 de noviembre de 2007. Mayoría de seis votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Ramón Cossío Díaz. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número XLV/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.

 

A mayor abundamiento y en reiteración de la protección que los Tribunales deben a los menores de edad, a continuación se transcriben las Tesis aplicables:

 

Registro IUS: 184216

 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, p. 672, tesis II.3o.C. J/6, jurisprudencia, Civil.

 

APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.

Conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados ante la Sala responsable. Sin embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental establecido por el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

 

Precedentes: Amparo directo 935/2000. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Yolanda González Medrano.

 

Amparo directo 619/2002. 6 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza.

 

Amparo en revisión 281/2002. 28 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Secretario: José Fernando García Quiroz.

 

Amparo directo 695/2002. 18 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Secretaria: Benilda Cordero Román.

 

Amparo directo 184/2003. 1o. de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Secretario: José Fernando García Quiroz.

 

No. Registro: 178,978

Tesis aislada

Materia(s): Civil

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXI, Marzo de 2005

Tesis: XIX.1o.A.C.33 C

Página: 1172

 

MENORES DE EDAD. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE AQUÉLLOS EN ASUNTOS DE NATURALEZA PATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Del contenido de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. y 949, fracción I, párrafo segundo, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas se colige que tratándose de asuntos en los que se vean afectados los derechos de los menores de edad, es obligatorio para las autoridades jurisdiccionales suplir la deficiencia de la queja en su favor. En ese tenor, si en un asunto que evidentemente no es de naturaleza familiar se dilucidan cuestiones de propiedad pertenecientes a un menor, al constituir parte o el total de sus derechos patrimoniales, es inconcuso que tales bienes y riquezas que le pertenecen pueden ser utilizados por el menor para la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral. Ahora bien, si estas necesidades se encuentran tuteladas por el artículo 4o. constitucional, quedando a cargo de las instituciones públicas y del Estado proveer lo necesario para que se respeten tales derechos a fin de buscar siempre el mayor beneficio posible para los menores de edad, ello obliga a las autoridades jurisdiccionales a velar porque éstos gocen de los derechos que la propia Constitución les otorga; de ahí que analógicamente pueda aplicarse el contenido del artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas que permite la suplencia de la queja a favor de los menores en asuntos de naturaleza familiar, a aquellos otros en que se vean afectados sus bienes patrimoniales que han sido elevados al rango constitucional; obligación que no sólo tiene el Juez de primer grado, sino también el tribunal de alzada.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

 

Amparo directo 586/2004. 13 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretaria: Graciela Robledo Vergara.

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, resulta claro y evidente que tanto las autoridades jurisdiccionales, administrativas y las instituciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno así como la sociedad en su conjunto, tenemos la obligación legal, moral y ética de proteger y tutelar los derechos de las niñas y niños que habitan en territorio nacional, de acuerdo a lo que se comprende bajo el principio rector del “Interés Superior de la Infancia”.

 

 

 ¹ Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación No. 08/2003 de fecha 19 de noviembre del 2003.