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Caso Instituto San Felipe. Red de pederastas en Oaxaca

16 noviembre 2010

Periódico Noticias de Oaxaca

Lunes 08 de noviembre  2010 

ONG INTERNACIONAL

Confirman redes de pederastas en Oaxaca

ABUSOS SEXUALES REGISTRADOS EN LOS INSTITUTOS SAN FELIPE Y “MIGUEL DE CERVANTES” EN ETLA DEMUESTRAN IMPUNIDAD EN EL SEXENIO

FLOR HERNÁNDEZ

Los abusos sexuales cometidos contra niños de los institutos educativos San Felipe en la capital del estado y “Miguel de Cervantes” en la Villa de Etla, en 2006 y 2007, respectivamente, son la punta del iceberg de una red de pederastia Oaxaca, alertó la representante en México de Ecpat, Norma Negrete Aguayo.

En entrevista, la coordinadora de la Organización No Gubernamental (ONG), “Fin de la prostitución pornografía y trata de niños niñas y adolescentes con fines sexuales” (Ecpat, por su siglas en inglés), denunció que las autoridades han “encubierto” a los responsables.

Y es que sostuvo, durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, mismo que está por concluir, se registraron ambos sucesos que dañan no sólo la vida de los infantes, sino de toda la sociedad, sin que hasta el momento se haya castigado a quienes cometieron estos crímenes.

Ante ello, consideró que la próxima administración deberá enfrentar estas redes que perjudican a la niñez del estado.

“Oaxaca se encuentra en una encrucijada en la que se podrán proteger a los niños, a través de la atención de estos casos y la desarticulación de estas redes que podrían ser internacionales”, sostuvo.

PELIGROSOS USOS Y COSTUMBRES

Negrete Aguayo afirmó que los “Usos y costumbres” vulneran los derechos de los niños y niñas de la entidad, en rubros como matrimonios forzados y a corta edad.

Y alertó que en los últimos años se ha registrado un fenómeno en estados del país con alta población indígena, debido a que las uniones ya no se presentan entre personas de la misma comunidad.

Indicó que hombres “no indígenas” pactan acuerdos económicos con los padres de adolescentes e incluso niñas de grupos étnicos, para posteriormente sacarlas de sus localidades.

En estos casos, abundó, las mujeres son extraídas y comercializadas sexualmente en otros sitios del país, o en el extranjero.

Por ello, exhortó a las autoridades aplicar la ley, y no permitir que ninguna forma de organización ancestral se encuentre por encima de los derechos humanos y la propia Constitución.

Oaxaca, concluyó, se encuentra con una mayor vulnerabilidad por sus condiciones económicas precarias, falta de atención gubernamental en el tema de explotación sexual infantil, así como por ser un destino turístico.

La frase “El internet se ha convertido en el principal gancho de las redes de pederastas, como una forma de atraer a niños, niñas y adolescentes, a esta cadena de explotación”.

NORMA NEGRETE AGUAYO, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE ECPAT.

EL CASO “INSTITUTO SAN FELIPE”

La señora Leticia Valdés Martell denunció que el 7 de noviembre de 2006 su menor hijo, de cuatro años de edad, fue víctima de violación en el Instituto “San Felipe”, siendo atendido por médicos especialistas en diversas materias.

El 23 de mayo de 2007 se inició la denuncia formal ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales, donde la entonces titular trató de archivar el asunto e inclusive ofrecer un “arreglo económico”.

“Con mucho esfuerzo y el apoyo de amplios sectores de la sociedad, logré que se consigne la averiguación previa, dando origen a la causa penal 133/2007, la que se radicó en el Juzgado Tercero de lo Penal, mismo que dictó una sentencia condenatoria de diez años de prisión en contra de Magdalena Rufina García Soto”, señaló la señora.

Además, el Juez Tercero de lo Penal dictó dos órdenes de aprehensión más, en contra de los autores materiales de la violación, identificados como Gabriel Hugo Constantino García (copropietario y representante legal del Instituto “San Felipe”) y Salvador Adán Pérez Ramírez. Los dos primeros se encuentran prófugos.

La mujer señaló en un desplegado publicado en periódicos:

“Ha sido indignante y de enorme preocupación el tráfico de influencias que se ha tratado de ejercer a favor de los responsables de la violación de mi pequeño. Lo anterior debido, principalmente a que el abogado defensor del Instituto “San Felipe”, fue formalmente el licenciado Jorge Franco Jiménez, padre Jorge Franco Vargas, quien fue Secretario General de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en los años 2005-2006, posteriormente presidente del PRI estatal y actualmente flamante diputado federal y ellos son quienes han intervenido para evitar que sean detenidos los prófugos de la justicia y quienes pretenden que sea liberada la hoy sentenciada en primera instancia Magdalena Rufina García Soto”.

El caso de violación en el Institutos San Felipe es la punta del iceberg de una red de pederastia Oaxaca, señaló la representante en México de Ecpat, Norma Negrete Aguayo.

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Caso Instituto San Felipe. Carta Pública

8 enero 2010

A LA OPINION PÚBLICA

Oaxaca de Juárez, Oax. 07 de enero de 2010.

  1. EL 7 de noviembre de 2006, mi menor hijo, de cuatro años de edad, fue víctima de violación en el Instituto “San Felipe”, siendo atendido por médicos especialistas en diversas materias. El psiquiatra que se hizo cargo del asunto sugirió no enfrentar al niño al doble trauma del Ministerio Público hasta que estuviera en mejores condiciones y en tanto inició un tratamiento para devolverle la confianza y poder obtener del menor los datos para ubicar a los pederastas.
  1. El 23 de mayo de 2007 se inició la denuncia formal ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales y me enfrenté a la intención de la entonces titular de esa fiscalía de archivar el asunto e inclusive ofrecer un “arreglo económico”. Con mucho esfuerzo y el apoyo de amplios sectores de la sociedad, logré que se consigne la averiguación previa, dando origen a la causa penal 133/2007, la que se radicó en el Juzgado Tercero de lo Penal, mismo que dictó una sentencia condenatoria de diez años de prisión en contra de MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO.
  1. Además, el Juez Tercero de lo Penal dictó dos órdenes de aprehensión más, en contra de los autores materiales de la violación de mi pequeño, siendo identificados como GABRIEL HUGO CONSTANTINO GARCÍA (copropietario y representante legal del Instituto “San Felipe”) y SALVADOR ADÁN PÉREZ RAMÍREZ. Los dos primeros se encuentran PRÓFUGOS hasta el día de hoy y la única que ha sido procesada y sentenciada a diez años de prisión es la tercera de los mencionados.
  1. Ha sido indignante y de enorme preocupación el tráfico de influencias que se ha tratado de ejercer a favor de los responsables de la violación de mi pequeño. Lo anterior debido, principalmente a que el ABOGADO DEFENSOR del Instituto “San Felipe”, fue formalmente el licenciado JORGE FRANCO JIMÉNEZ, padre del C. LIC. JORGE FRANCO VARGAS, quien fue Secretario General de Gobierno de ULISES RUIZ ORTIZ en los años 2005-2006, posteriormente presidente del PRI estatal y actualmente flamante diputado federal y ellos son quienes han intervenido para evitar que sean detenidos los prófugos de la justicia y quienes pretenden que sea liberada la hoy sentenciada en primera instancia Magdalena Rufina García Soto.
  1. He emprendido y continuado con decisión un esfuerzo mayúsculo para que los culpables de la violación de mi menor hijo sean castigados en apego a derecho, sin embargo me he enfrentado a la impunidad de los prófugos y a múltiples esfuerzos de verdaderos especialistas en tráfico de influencias para tratar de liberar a la procesada en los distintos momentos jurídicos del proceso.
  1. Actualmente el Instituto “San Felipe”, del que son copropietarios el pederasta prófugo GABRIEL HUGO CONSTANTINO GARCÍA y su esposa YOLANDA LEÓN RAMÍREZ, pretenden nuevamente torcer el sentido de la justicia y se ufanan de que tienen las suficientes “influencias” para lograr que la sentenciada MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO sea liberada en el recurso de apelación que está en curso .
  1. En virtud de lo anterior es que EXIGO QUE SE RESUELVA YA Y EN ESTRICTO APEGO A DERECHO EL RECURSO DE APELACIÓN QUE LLEVA MÁS DE SEIS MESES SIENDO ESTUDIADO POR LOS MAGISTRADOS DE LA TERCERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA.
  1. EN ESTE SENTIDO SON MUY CLAROS LOS PUNTOS DE VISTA JURÍDICOS Y LAS CONSIDERACIONES QUE YA VIRTIÓ LA PRIMERA SALA PENAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LOS PRÓFUGOS EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN QUE FUERON ATRAÍDOS POR DIICHA INSTANCIA, CON LOS NÚMEROS: 645/2008 y 646/2008.
  1. Asimismo es contundente y clara la Recomendación número 4/2008, emitida en relación al caso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida al Gobierno del Estado de Oaxaca, misma que reconoce la justeza de la causa que defiendo con el apoyo de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña.

¡¡ EXIGIMOS QUE LA TERCERA SALA PENAL RESUELVA EN APEGO A DERECHO LA APELACIÓN EN EL CASO DE MI MENOR HIJO VIOLADO EN EL INSTITUTO “SAN FELIPE”!!

¡¡ EXIGIMOS EL CESE DEL TRAFICO INFLUENCIAS POR PARTE DE JORGE FRANCO JIMENEZ Y JORGE FRANCO VARGAS!!

¡¡ JUSTICIA, QUE SE CONFIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA A MAGDALENA RUFINA GARCÍA SOTO Y SE EJECUTEN LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN PENDIENTES!!

¡¡NO MÁS DILACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PENDIENTE EN LA TERCERA SALA PENAL!!

A T E N T A M E N T E

LETICIA VALDÉS MARTELL Y FAMILIA.

Caso Instituto San Felipe. Se dicto Sentencia condenatoria de 10 años de prisión a Magdalena García Soto

18 mayo 2009

Con fecha 15 de mayo pasado el C. Juez Tercero de lo Penal del Estado de Oaxaca, en la Causa Penal No. 133/2007, dictó Sentencia condenatoria en contra de MAGDALENA GARCIA SOTO, a quien impuso una pena de 10 años de cárcel, por haber sido encontrada penalmente responsable del delito Equiparado a la Violación como cómplice operadora necesaria en contra del menor hijo de la Sra. Leticia Valdés Martell, en el interior del Instituto San Felipe de la Ciudad de Oaxaca.

Actualmente nos encontramos en un proceso de análisis de la citada Sentencia a efecto de poder determinar si será apelada por nuestra parte y en su caso, los términos de la misma, ya que solicitamos la pena máxima de 17 años de prisión a la citada delincuente.

No podemos dejar nuevamente de exigir de las autoridades estatales y federales, el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de HUGO GABRIEL CONSTANTINO GARCIA y ADAN SALVADOR PEREZ RAMIREZ, autores materiales del delito Equiparado a la Violación y que se encuentran prófugos de la justicia.