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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma legislativa que incorpora al Código Penal Federal el delito de pederastia

23 abril 2009

 

23 de abril de 2009

 

El día de hoy fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados, las reformas legislativas para incluir el delito de pederastia y protección a las víctimas de dicho ilícito en el Código Penal Federal, en donde con un grupo de víctimas y ofendidos por abuso sexual infantil, intervenimos logrando que nuestra voz fuera escuchada por los representantes populares de la cámara baja.

 

Con relación a lo anterior, en el sitio de Internet del periódico Reforma, se publico lo siguiente:

 

 

Tipifican diputados pederastia

 

La propuesta incluye castigos para personas que encubran actos de abuso de menores con 3 a 6 años de cárcel

 

Claudia Salazar y Armando Estrop

 

Ciudad de México (23 abril 2009).- Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas legislativas con las que se tipifica el delito de pederastia en el Código Penal Federal.

 

Con 294 votos a favor, se aprobó la reforma en la que se señala que quienes atenten contra el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes por la ejecución de actos sexuales, serán castigados con una pena de 9 a 18 años de prisión y una multa de 750 a 2 mil 200 días.

 

La reforma impulsada por la diputada Claudia Cruz del PRD prevé que la prescripción de este delito comienza a correr a partir de que la víctima cumple 18 años, dando la posibilidad a la misma de que denuncie cuando alcance la mayoría de edad.

 

Se establece que las instituciones, asociaciones, organizaciones o agrupaciones de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier otra índole pública o privada a las que haya pertenecido el pederasta, estarán obligados a tomar medidas de protección, control y prevención del delito.

 

Además podrán estar sujetos a recibir sanción administrativa  por tolerar, permitir o encubrir las conductas pederastas y estarán obligados a reparar el daño.

 

“Se aplicará de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2mil 250 días multa a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convexa a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento.”

 

“La misma pena se aplicará a quien comenta este delito en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”, precisa el artículo del Código Penal para tipificar la pederastia.

 

Se preciso que las personas que no denuncien los hechos delictivos de pederastia que conozcan y protejan a la persona que los cometió serán sancionados con prisión de 3 a 6 años y con multas de 50 a 200 días.

 

Además, la reforma prevé que cuando medie la violencia física en la pederastia, la pena será aumentada.

 

Se establece que el autor del delito se sujetará a un tratamiento médico integral durante el tiempo que dure su pena, sin que pueda concedérsele la libertad preparatoria.

 

La reforma fue turnada al Senado para su análisis.

Boletín de Prensa. Se aprobó en Comisiones la reforma integral sobre el delito de pederastia y atención a víctimas

23 abril 2009

 

BOLETIN DE PRENSA

 

SE APROBÓ EN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES UNA REFORMA INTEGRAL SOBRE EL DELITO DE PEDERASTIA Y LA ATENCION A LAS VICTIMAS, PRESENTADA POR LA DIP. CLAUDIA CRUZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.

 

 

Se aprobó una reforma integral para tipificar este delito, por lo que se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional en lo relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.

 

Inserción del delito de Pederastia como grave en el Código Penal Federal, por atentar contra el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes. Con una pena de 9 a 18 años de prisión y una multa de 750 a 2 250 días de multa.

 

La prescripción de este delito comienza a correr a partir de que la víctima cumple 18 años de edad, dando la posibilidad a la víctima de denunciar por sí misma. En aquellos casos en que la víctima no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, la prescripción se contará a partir de que exista la evidencia de la comisión del delito ante el Ministerio Público.

 

Las personas que no denuncien el delito de pederastia que conozcan y protejan a la persona que los cometió, también serán sancionadas penalmente.

 

Para la protección de las niñas, niños y adolescentes, las instituciones, asociaciones, organizaciones o agrupaciones de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier índole público o privado, a las que haya pertenecido el pederasta, quedan obligadas a tomar medidas de protección, control y prevención, además de, en su caso, reparar el daño y recibir sanción administrativa por tolerar, permitir o encubrir estas conductas.

 

Se establece en forma obligatoria la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera la victima durante el tiempo que sea necesario.

 

Se incorporan medidas de protección a favor de las victimas u ofendidos que incluyen la orden judicial para que el pederastia no se acerque a la víctima, testigos o familiares.

 

Las Comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables de la H. Cámara de Diputados aprobaron el pasado 21 de abril, el dictamen que pretende incorporar el Delito de Pederastia y la Atención a las Victimas en el Código Penal Federal; comprendiendo el delito de pederastia, en los términos que siguen:

 

“Se aplicara de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 250 días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento. La misma pena se aplicará a quien cometa este delito, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”

 

Los legisladores estimaron conveniente que el término para la prescripción del delito tratado, empezaría a correr a partir de que la víctima cumpla 18 años, y en aquellos casos en que la victima no tuviera la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, la misma se contará a partir de que exista la evidencia ante el Ministerio Público, de que se cometió el delito, ésta autoridad tiene la obligación de ordenar un peritaje que determine la afectación de la victima.

 

El objetivo principal de esta iniciativa es proteger el Interés Superior de la Infancia, salvaguardando el libre desarrollo de su personalidad en un ámbito de corresponsabilidad entre personas físicas, morales y autoridades, quienes procuran la protección, cuidados y asistencia que requieren los infantes y adolescentes para lograr un sano crecimiento así como un desarrollo pleno e integral dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Con lo anterior, se pretende fomentar sus capacidades y garantizarles el respeto a la dignidad y el ejercicio absoluto de sus derechos (Reforma al Artículo 4º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en sesión del Pleno de la H. Cámara de Diputados el 14 de abril del presente año).

 

Por ello, se aprobó que las personas que no denuncien los hechos delictivos de pederastia que conozcan y protejan a la persona que los cometió (ya sea escondiéndolas o cambiándolas de sede), serán sancionadas con prisión de 6 meses a 3 años y con multa de 50 a 200 días.

 

Así mismo se incluyó como responsables de evitar cualquier acto que atente contra el libre desarrollo de la personalidad de los infantes y adolescentes a los dueños, directivos, personal administrativo y docente de escuelas e instituciones similares, autoridades educativas, ministros de culto, representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo a las personas que laboren, apoyen o auxilien de manera remunerada o voluntaria; así como, a sus asociados, quienes además de la responsabilidad penal que en su caso corresponda, serán sancionados administrativamente, previéndose incluso la sanción de inhabilitación del cargo, empleo, profesión o comisión, a quienes hayan cometido este delito en ejercicio de sus funciones profesionales o del servicio público.

 

En relación a lo anterior, se aprobó, en la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, la creación de un Registro de las personas que hayan sido sancionadas por delitos en perjuicio de niñas, niños o adolescentes, a cargo de la Dirección General de Profesiones.

 

Además de sancionar el delito, la reforma contempla que cuando medie la violencia física la pena será aumentada. Se establece que el autor del delito se sujetará a un tratamiento médico integral durante el tiempo que dure su pena, sin que pueda concedérsele la libertad preparatoria.

 

En otro renglón, se destacó la obligación de brindar atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera la víctima durante el tiempo que le sea necesario, así como la obligación a cargo del Estado garantizar en todo tiempo éstos servicios y de las instituciones, asociaciones, organizaciones o grupos a las que pertenezcan las personas pederastas de reparar el daño ocasionado a las víctimas.

 

Las citadas Comisiones incluyeron un capitulo de medidas de protección a victimas u ofendidos en el Código Federal de Procedimientos Penales, entre las que se destacan: la guarda o custodia del menor a cargo de una persona o institución diversa al agresor; la prohibición al sentenciado de acercarse a la víctima; el aseguramiento de bienes para la reparación del daño causado.

 

También se contempló la intervención del Sistema Educativo Nacional, a quien se encomendó la difusión de acciones educativas preventivas que permitan evitar que se cometan delitos tanto en contra de los menores como de aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. Entre estas acciones se encuentra la sumisión de las y los educadores, así como de las autoridades educativas, a evaluaciones periódicas con la finalidad de certificar su aptitud para relacionarse con niñas, niños y adolescentes y cuyo objeto es la publicación de dichos resultados para ofrecer una mayor certeza y tranquilidad a la sociedad.

 

Una preocupación más de los integrantes de ambas comisiones fue la necesidad de regular este delito en el ámbito de la prestación de servicios educativos proporcionados por particulares, por lo que se dio competencia a la PROFECO a fin de que pueda esta realizar acciones preventivas que incluyen proporcionar a los consumidores información, la promoción de la denuncia y la coadyuvancia, para proteger los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas; así como, colocar información de advertencia cuando se afecte derechos de consumidores.

 

Sumado a lo anterior se estableció que el tiempo de prescripción de las infracciones contenidas en la Ley de Protección al Consumidor será de Diez años cuando se adviertan posibles violaciones a los derechos contemplados en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Debido a la trascendencia del tema, las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables de esta H. Cámara de Diputados han priorizado el principio de interés superior de la infancia, incluyendo en el catálogo de delitos aquellos hechos criminales en los que las niñas, niños y adolescentes sean objetos del mismo, contribuyendo con ello en la obligación que mantiene el Estado mexicano de garantizar plenamente el respeto a la dignidad y el ejercicio absoluto de los derechos de los menores.

 

Por ahora, solo queda esperar y estar atentos a lo que el Senado resuelva con relación a la reforma comentada.

ATENTAMENTE

 

 

DIP. CLAUDIA CRUZ

Grupo Parlamentario del PRD

 

 

JOAQUIN AGUILAR MENDEZ

Víctima de Pederastia

SNAP Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual

LIC. JOSE BONILLA

Padre de Familia de víctima y Abogado de casos de Pederastia en el Estado de México, Oaxaca, Distrito Federal y otras entidades..

 

 

LETICIA VALDES MARTELL

Madre de víctima en el Estado de Oaxaca

 

 

ERICK BARRAGAN

Víctima de Pederastia

SNAP Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual

 

 

JESUS ROMERO COLIN

Víctima de Pederastia

 

 

MONICA RUIZ

Madre de víctima en el Estado de México

 

 23 de abril del 2009.

Iniciativa de Ley para incluir el concepto del “interés superior de la infancia” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

14 abril 2009

 

14 de abril de 2009

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO, DEL GPPRD, PARA PRESENTAR POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

 

Dip. Claudia Lilia Cruz Santiago:

 

En el marco internacional, la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro país, refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas. Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se proclaman como derechos de la infancia: el cuidado y asistencias especiales que requieren, incluyendo el deber para que se le brinden al infante, los medios apropiados para lograr su crecimiento y bienestar, a través de la protección y asistencia que sean necesarias.

 

En este instrumento internacional, se establece claramente que todas las medidas que se apliquen, deberán ser tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,  en consideración al interés superior del niño.

 

Siendo así, como los Estados Parte nos encontramos comprometidos para asegurar a las niñas, niños y las y los adolescentes, la protección y el cuidado que sean necesarios, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de ellas y ellos ante la ley. Y con ese fin, tomarse todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los infantes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluyendo el abuso sexual o en cualquier modalidad.

 

Estos instrumentos reconocen el derecho de todo infante a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Consecuentemente, los Estados Parte de la Convención, debemos estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias que garanticen el interés superior de la infancia.

 

México, en materia de infancia, además de los anteriores instrumentos ha ratificado diversos convenios de gran valía, tales como el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de Trabajo Infantil; el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía y el Protocolo para prevenir reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.

 

Asimismo, en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, México asumió un compromiso vinculante para brindar un futuro mejor a todas y todos los infantes. Y en el ámbito interamericano, México firmó la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número OC-17/2002, refiere que la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas, cuya aplicación deberá realizarse en todos los órdenes relativos a la vida de la niña, niño y de las y los adolescentes, con el propósito de lograr su crecimiento y desarrollo pleno dentro de un ambiente sano, tanto en el aspecto familiar como social.

 

Por tanto, las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, órganos legislativos de los distintos órdenes y niveles de gobierno, deben considerar como prioridad y obligación el interés superior de la niña, niño y adolescente, para que en las políticas públicas se dé preferencia a los derechos de la niñez; los cuales deberán prevalecer sobre otros intereses, particularmente si entran en conflicto con aquellos.

 

Por lo anterior, está Honorable Soberanía, por conducto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al aprobar la reforma al artículo 4º de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se atiende de manera integral lo que significa e implica el interés superior de la infancia. Con lo anterior, hemos logrado un gran avance en el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al considerar que el principio superior de está población, constituye la obligación que tiene el Estado para que sus criterios, disposiciones, políticas, acciones y decisiones, en sus distintos niveles y ordenes de gobierno, busquen el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas. Y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con todos los órdenes relativos a la vida de la niña, el niño y las y los adolescentes.

 

Quiero terminar diciendo que esta iniciativa fue elaborada por quienes han sido padres y madres de niños y niñas abusados por sacerdotes y maestros en escuelas primarias y en los jardines de niños.

 

Esta iniciativa es un beneficio que los padres y madres de familia me han reiterado infinidad de veces; (han pedido) que esto nunca más pase en un colegio o por alguien que simplemente sea parte de la vida social de un niño y que éste sea abusado.

 

Muchas gracias.

 

 

 En términos generales el proyecto de decreto que reforma el artículo 4º. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, tendrán como propósito fomentar sus capacidades y garantizar el respeto a la dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos. Que el Estado en sus tres ordenes de gobierno, tendrá la obligación de aplicar criterios, disposiciones, políticas, acciones y decisiones que busquen el beneficio del infante y del adolescente. Asimismo, que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, en la actuación de sus atribuciones y funciones, deberán otorgar prioridad a los intereses de este sector de la población.

 

Es muy importante mencionar, que se emitieron 344 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

 

El proyecto pasara en breve a la Cámara de Senadores para su estudio y eventual votación.


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